La Defensoría del Pueblo reportó un total de 312 femicidios en el año anterior, una cifra que se mantiene persistentemente alta y que representa un leve aumento del 2% respecto al periodo previo. De estas muertes violentas, el 65% fue cometido por la pareja o expareja de la víctima, y en el 40% de los casos, existía una denuncia previa por violencia en su contra. Estos datos fríos esconden historias de vida truncadas y dejan en evidencia la falla de los mecanismos de protección.
El análisis del perfil de las víctimas revela que la mayoría de mujeres tenían entre 18 y 35 años (58%). Geográficamente, el 70% de los femicidios se concentraron en solo cinco regiones del país. Además, se registraron 42 casos de femicidio frustrado, donde la intervención de terceros o la propia resistencia de la víctima impidió un desenlace fatal, demostrando la fineza de la línea entre la violencia extrema y la muerte.
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Activistas y familiares de las víctimas exigen justicia y la implementación efectiva de políticas públicas con enfoque de género. Subrayan que detrás de cada femicidio hay una cadena de violencia previamente ignorada o minimizada, que incluye acoso, control y agresiones físicas y psicológicas, haciendo un llamado urgente a una acción estatal más contundente y preventiva.