En una jornada marcada por un intenso debate sobre seguridad y probidad, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con una contundente mayoría de 116 votos el proyecto de ley que endurece las sanciones para los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones. Tras ratificar el informe de la Comisión Mixta —previamente visado por el Senado—, la iniciativa quedó lista para ser promulgada por el Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial.
La nueva normativa, que modifica el Código Penal y el decreto con fuerza de ley de aduanas, busca frenar una crisis que afecta la conectividad de miles de hogares en el país. Sin embargo, el avance legislativo se vio cruzado por las declaraciones de la diputada Nathalie Castillo, quien, pese a respaldar la moción, lanzó una fuerte crítica a la profundidad de las medidas y un emplazamiento directo a la oposición.
Críticas a la efectividad de la norma
Castillo, integrante de la Comisión Especial Investigadora sobre el robo de cables que recientemente sesionó en Coquimbo, calificó la aprobación como un paso necesario, pero advirtió que el alcance de la ley es todavía "limitado".
“Necesitamos mecanismos de control más amplios y equitativos. El proyecto no resuelve aspectos estructurales como el levantamiento del secreto bancario o la jurisdicción militar en causas de narcotráfico y corrupción”, subrayó la parlamentaria.
El factor "Oro Rojo": El nexo que sacude a Republicanos
El punto de mayor tensión política se produjo cuando la diputada Castillo emplazó a la bancada del Partido Republicano, vinculando a la colectividad con la “Operación Oro Rojo”. Este operativo policial permitió desarticular una organización criminal dedicada a la exportación ilegal de cobre, liderada por Francisco San Martín Álvarez.
La polémica radica en el pasado político de San Martín, quien fuera militante republicano y exprecandidato a alcalde por la comuna de Coquimbo. La diputada enfatizó la existencia de registros fotográficos donde se observa al líder de la banda criminal junto al actual candidato presidencial del partido, José Antonio Kast.
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El vínculo: Francisco San Martín Álvarez es sindicado como la cabeza de una red de contrabando de metales robados.
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El emplazamiento: Castillo exige coherencia al sector político ante los hechos que vinculan a uno de sus antiguos cuadros con el crimen organizado.
Impacto de la nueva ley
A pesar de la controversia política, la entrada en vigencia de esta ley permitirá:
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Penas más severas: Aumentar el castigo para quienes sean sorprendidos robando o comercializando material de telecomunicaciones.
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Control aduanero: Entregar mayores facultades para interceptar exportaciones sospechosas de cobre y otros metales de origen ilícito.
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Protección de servicios: Mitigar el impacto que estos robos generan en servicios básicos de salud, educación y emergencias que dependen de la red de fibra y cables.
Con este despacho, el Gobierno tiene ahora la tarea de implementar la normativa a la brevedad, mientras en el Congreso se anticipa que la discusión sobre el financiamiento de estas bandas y el levantamiento de secretos bancarios seguirá siendo una prioridad en la agenda de seguridad.