Un severo golpe a la probidad administrativa quedó al descubierto en la capital de la provincia de El Loa. El Seremi de Salud, Alberto Godoy, confirmó la finalización de un sumario interno que desnudó una red de fraude al interior de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de Calama, donde un exfuncionario habría tramitado de forma irregular al menos 60 licencias médicas.
La investigación determinó que el sujeto, aprovechando su posición estratégica en la Unidad de Licencias Médicas, articuló un mecanismo para favorecer directamente a su círculo cercano, incluyendo parientes y amigos, vulnerando los protocolos de seguridad del sistema público de salud.
El "Modus Operandi" del fraude
Según los antecedentes revelados por la autoridad sanitaria, el involucrado manipulaba el sistema informático de tramitación para gestionar licencias inexistentes. El proceso seguía una ruta de falsificación completa:
-
Ingreso: El funcionario cargaba las supuestas licencias en la plataforma.
-
Validación: Utilizando sus facultades, les otorgaba la validación médica necesaria.
-
Aprobación de pago: Finalmente, autorizaba el visto bueno para el pago del respectivo subsidio por incapacidad laboral.
Este esquema fue detectado gracias a los nuevos controles preventivos implementados por la Compin a nivel nacional para monitorear el flujo de recursos y garantizar el buen uso de los fondos destinados a salud.
Acciones legales y remisión al CDE
Dada la gravedad de los hechos, que implican una malversación de recursos públicos, el Seremi Godoy informó que el caso ya no se limita al ámbito administrativo.
"Los antecedentes han sido remitidos a la Fiscalía Local de Calama y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismos que deberán perseguir las responsabilidades penales y civiles correspondientes", señaló la autoridad regional.
El marco legal: Cero tolerancia al abuso
El caso se enmarca bajo la Ley 20.585, normativa vigente desde 2012 que regula el otorgamiento y uso de licencias médicas en Chile. Esta ley fue diseñada precisamente para asegurar que este beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan, protegiendo a los cotizantes tanto de Fonasa como de Isapres.
La autoridad recordó que la Compin posee facultades robustas de fiscalización para sancionar conductas fraudulentas o abusivas, y que este tipo de hallazgos son parte de una política de "cero tolerancia" ante la corrupción dentro de las instituciones de salud.