Más de 50,000 niños, niñas y adolescentes fueron reportados como víctimas directas de violencia familiar en el último año.
Las cifras del Servicio de Protección Especializada indican que los menores de edad son víctimas colaterales y, en muchos casos, blancos directos de la violencia intrafamiliar. El 55% de las agresiones contra ellos fueron por maltrato físico y un 30% por abuso psicológico. Además, se estima que 8 de cada 10 niños que viven en hogares donde hay violencia contra la madre, son testigos directos de estas agresiones, lo que constituye en sí mismo una forma de victimización psicológica con consecuencias devastadoras.
El impacto a largo plazo es severo: estos menores tienen un 50% más de probabilidades de sufrir depresión en la edad adulta y presentan mayores dificultades en el rendimiento escolar y en la formación de relaciones saludables. Los datos del sistema de salud reportan un incremento del 15% en las atenciones por crisis de ansiedad y trastornos del sueño en población infantil asociados a entornos familiares violentos.
Organizaciones de infancia exigen protocolos de detección temprana en colegios y centros de salud, y la ampliación de plazas en hogares de acogida para menores en riesgo. Hacen un llamado urgente a considerar el "interés superior del niño" como principio rector en todas las intervenciones, protegiéndolos de un entorno que atenta contra su desarrollo integral.
Nota 5: La Brecha entre Denuncias y Sentencias Condenatorias
Solo el 12% de las denuncias por violencia familiar culminan en una sentencia condenatoria firme, revela un análisis del Poder Judicial.
Mientras las denuncias aumentan, la eficacia del sistema judicial para sancionar a los agresores parece no seguir el mismo ritmo. Del total de 120,000 denuncias por violencia familiar ingresadas el año pasado, apenas 14,400 resultaron en una condena. Las causas de esta brecha son multifactoriales e incluyen la retractación de las víctimas por presión o miedo (25%), la falta de pruebas suficientes (30%) y la alta carga procesal que satura los juzgados especializados.
Esta impunidad tácita envía un mensaje peligroso a la sociedad y a los potenciales agresores, al tiempo que desalienta a las víctimas a formalizar una denuncia. El tiempo promedio para resolver un caso de violencia familiar es de 14 meses, un lapso durante el cual la víctima y su familia continúan en situación de riesgo. Además, solo el 10% de los agresores condenados recibe penas de cárcel efectiva, primando las medidas sustitutivas. Fiscales y jueces consultados coinciden en la necesidad de más recursos humanos y tecnológicos para los juzgados de familia y penales. Abogan por una reforma procesal que agilice los trámites y por la creación de unidades de acompañamiento integral para las víctimas durante todo el proceso judicial, con el fin de evitar su revictimización y garantizar su permanencia en el sistema de justicia.
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