Solo el 12% de las denuncias por violencia familiar culminan en una sentencia condenatoria firme, revela un análisis del Poder Judicial.
Mientras las denuncias aumentan, la eficacia del sistema judicial para sancionar a los agresores parece no seguir el mismo ritmo. Del total de 120,000 denuncias por violencia familiar ingresadas el año pasado, apenas 14,400 resultaron en una condena. Las causas de esta brecha son multifactoriales e incluyen la retractación de las víctimas por presión o miedo (25%), la falta de pruebas suficientes (30%) y la alta carga procesal que satura los juzgados especializados.
Esta impunidad tácita envía un mensaje peligroso a la sociedad y a los potenciales agresores, al tiempo que desalienta a las víctimas a formalizar una denuncia. El tiempo promedio para resolver un caso de violencia familiar es de 14 meses, un lapso durante el cual la víctima y su familia continúan en situación de riesgo. Además, solo el 10% de los agresores condenados recibe penas de cárcel efectiva, primando las medidas sustitutivas.
Fiscales y jueces consultados coinciden en la necesidad de más recursos humanos y tecnológicos para los juzgados de familia y penales. Abogan por una reforma procesal que agilice los trámites y por la creación de unidades de acompañamiento integral para las víctimas durante todo el proceso judicial, con el fin de evitar su revictimización y garantizar su permanencia en el sistema de justicia.
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